Carta Abierta al Ministro de Transporte

Foto Campaña

Soacha, enero 25 de 2018

Señores:

Ministerio de Transporte

ATN. Germán Cardona Gutiérrez

Ministro

Carta Abierta

REF.: Derecho de Petición e Información Art. 23 Constitución Política Nacional

Cordial Saludo

Ciudadano Ministro de Transporte, de manera atenta y formal, mediante la presente solicitud estamos peticionando a usted, interponga sus buenos oficios en el asunto que hoy allegamos a su despacho y que pasamos a sustentarlo de inmediato.

Como es de conocimiento general, en el día de ayer la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá D.C., anunció una medida que tiene visos de arbitrariedad, toda vez que viola en primera instancia uno de los principios establecidos por nuestra Carta Magna, nos referimos al Principio de Inocencia o Presunción de Inocencia, el cual establece la inocencia de la persona como Regla. Cuya esencia en el día de antier, 24 de enero de 2017, fue vulnerada al presumir que quienes andamos en motocicletas con o de parrilleros, presuntamente somos delincuentes. Igualmente sobrepasa un concepto de la Oficina Jurídica de ese ministerio con fecha de 10 de junio del  2010 que dejó en claro que “los gobernadores y los alcaldes, las asambleas departamentales y los concejos municipales no podrán, en ningún caso, dictar normas de tránsito de carácter permanente, que impliquen adiciones o modificaciones al Código de Tránsito”. Y aunque no se trata de una medida de carácter permanente, ni para todas las motos, con ella se estaría igualmente violando el Artículo 13 de la Constitución Nacional, referente al Derecho a la Igualdad, y otros artículos no menos importantes tales como el derecho a la libertad de locomoción o circulación, al trabajo y a la libre empresa.  Por otro lado, nos produce estupor que cuando estamos haciendo un reclamo justo por el exorbitante aumento del SOAT, se nos responda con un ataque por todos los flancos, desviando la atención de fondo que es la rectificación de semejante aumento. Ello sin contar el aumento que en esta misma fecha se hace del precio del sistema de transporte Transmilenio y del SITP, al cual se intenta bajar de la moto para subirlo a ellos.

Ahora bien, antes de avanzar en nuestra exposición de motivos quisiéramos solicitarle nos permita una reunión con carácter urgente en la cual queremos formar una Mesa de Concertación con los actores principales, es decir Industria, Comercio, Usuarios, Autoridades tanto del Distrito Capital, como del departamento de Cundinamarca, y cuyo objetivo es en primera instancia socializarle nuestras propuestas, con las que queremos contribuir con la armonía social desde nuestro sector, petición que hacemos no solamente como habitantes de la ciudad capital, sino del departamento de Cundinamarca, ya que esta medida arbitraria nos sitúa en un absurdo: tener que bordear la capital de la República si se quiere pasar con  un acompañante varón de un municipio a otro ubicado al otro lado de Bogotá, o bajar al acompañante y luego recogerlo al otro lado.

Pasemos pues a un contexto real de lo que pareciera ser una medida aislada con un propósito de mejorar la seguridad de la ciudad capital, cuando en realidad hay otros intereses que procuraremos exponer de manera sucinta pero sin ambages.

Para quienes llevamos más de dos décadas conduciendo motos, recordamos con facilidad que el actual Alcalde de la ciudad capital, Enrique Peñalosa, en su primer gobierno, nos impuso el uso obligatorio del Chaleco reflectivo con las placas de la moto, el cual no fue pensado como una norma de seguridad vial para proteger la vida de los motociclistas, sino para evitar que se cometieran delitos. Medida también arbitraria que tuvo que ser derogada por estigmatizar a una población en su enorme mayoría honrada y trabajadora. Mas ésta no es la única medida con carácter de prevaricato que en materia de movilidad el funcionario en mención cometió en esa época: A principios del año 2000 nos dirigimos ante ese mismo despacho con el ánimo de solicitarle al titular de ese ministerio que fijara una posición clara y definitiva, ante los atropellos autorizados por el entonces Alcalde Peñalosa, al prohibir el ingreso de vehículos de transporte público de Soacha y Sibaté a la ciudad capital, generando que cientos de vehículos fuesen conducidos hasta los patios semanalmente, con el agravante de perjudicar a una clase trabajadora, con multas, patios, grúas y afectando a miles de familias que diariamente viajaban por el corredor vial de la Autopista Sur, quienes se dirigían a sus puestos laborales o a sus aulas educativas, quienes eran sometidas a vejámenes como la de tener que pagar dos y tres pasajes en cada recorrido. Y fue el Ministro Gustavo Canal Mora quien le puso fin a sus absurdas pretensiones las cuales apuntaban a terminar beneficiando a su sistema Transmilenio.

Llegado a este punto nos toca igualmente hacerle saber señor Ministro que las vías o calzadas paralelas a Transmilenio, al igual que muchas otras, pero estás especialmente, fueron absurdamente reducidas a un ancho que no respeta las normas internacionales para la clase de vías principales o del carácter de vía nacional, como es el caso de la Autopista Sur, con el único fin de instar a la ciudadanía al uso de un sistema que igualmente viola nuestra Legislación en cuanto a que se convierte en un monopolio. Y esto es digno de traerse a colación pues vemos cómo es que mediante campañas mediáticas un día se nos acusa de ser responsables de la alta accidentalidad y al día siguiente de ser los responsables de la inseguridad de la ciudad, obviando las verdaderas razones, las cuales tienen por un lado sus orígenes en la enorme desigualdad social, en la concentración de la riqueza en poca manos y en el alto desempleo. Acá valga decir que nuestra población motorizada, hoy superior a los ocho millones de usuarios, a la cual se nos quiere bajar en un alto porcentaje de la moto, no compra este tipo de vehículos por esnobismo ni con el ánimo de cometer delitos, sino como una necesidad, y por las características de vehículo para el pueblo. Que los mismos son en gran medida unidades prestadoras de servicios empresariales y que por supuesto que reconocemos que,  sí hay delincuentes, y que es claro que sí hay irresponsables y violadores de las normas de Tránsito, pero no en las proporciones que se nos muestran, y que es injusto que por unas pocas motos incursas o utilizadas para cometer delitos, o de unos cuantos delincuentes, tengamos que pagar la gran mayoría. Estamos de acuerdo con los operativos preventivos, pero no con las restricciones.

No obstante, hay algo que requiere de mucha mayor atención, jamás se pensó, o al menos no se diseñaron vías para un número tan alto de motocicletas, circulando por cientos de miles en las vías urbanas de nuestras ciudades, y eso es un importante causal de accidentalidad, pues si dos o tres vehículos grandes circulan a la vez en el mismo ancho de la calzada, difícilmente cabe una motocicleta entre ellos, lo que hace casi que insalvable el zigzagueo y la consecuente exposición a los accidentes.

Como obviar que a los motorizados de este país se nos indujo a comprar motos casi que metiéndonosla en el bolsillo por la compra de una bolsa de leche, y hoy que somos un importante rubro aportante a la economía nacional, ya que no solamente somos los que andamos en motos, sino los talleres, los almacenes de repuestos y accesorios, los lavaderos, los industriales y comerciantes, fabricantes y comercializadores, todos aportantes al PIB local, regional y nacional, se nos trata como una ubre jugosa. Pero es que no solamente somos sometidos a escarnio público, generando rechazo en la mayoría de los conductores de otros vehículos, sino que se nos ataca con unos operativos persecutorios que en la mayoría de los casos conducen a comparendos y a los patios, porque también valga decir que inexplicable y absurdamente todo comparendo para las motos conducen a los patios, (y frente a ello también queremos que se derogue tal medida, pues es inequitativa y violatoria del mismo Artículo 13 de nuestra C.N.). Ahora bien, si vemos que somos más de ocho millones de motos, que circulamos en un vehículo de por sí inestable e inseguro, lo ideal sería que paralela a las medidas preventivas también vayan las campañas que generen armonía y no conflictos. Que no se nos vea como delincuentes, sino como ciudadanos de respeto.

Ya para finalizar, y frente a lo que en la noche del mismo día 24 de enero se ha producido como primera respuesta a las medidas de la Administración Distrital, al movilizarse miles de motociclistas rechazando lo que sería un decreto que entraría en vigencia en los próximos días, le queremos decir Señor Ministro, tome usted cartas en el asunto, es absurdo, ilógico y de una falta de sindéresis absoluta de quien está conduciendo a un mayor caos en la movilidad, toda vez que pretende bajar a un usuario de la moto para llevarla a su caótico sistema de transporte, desviando el verdadero meollo de una problemática de seguridad, el cual no se soluciona atacando el efecto, sino la causa. Antes que esto tome unos matices mucho más incontrolables le solicitamos de manera ecuánime e inmediata, sea usted quien nos brinde una solución de fondo que proteja los derechos de quienes adquirimos unos vehículos con el fin de dar solución a la caótica movilidad de la cual no somos responsables ni nosotros ni nuestros vehículos, y que dichas decisiones no solamente contemplen el ámbito distrital, sino que abarque el departamento de Cundinamarca y el territorio nacional, pues hemos venido siendo víctimas del atropello institucional en toda nuestra nación.

Mucho nos gustaría poder darle a conocer pronta y personalmente cuáles son nuestros propósitos en la búsqueda de soluciones reales y definitivas.

Al agradecer su atención prestada y en espera de una pronta y positiva respuesta en el sentido de poder crear una mesa de concertación, le reiteramos nuestro solidario saludo

Atentamente,

Ángel David Esguerra Tache

Director del Informativo Presencia y la Guía Dinámica de Eventos.

Candidato a la Cámara de Representantes por Cundinamarca

C.C.    Presidencia de la República de Colombia – Procuraduría General de la Nación Contraloría General de la República – Físcalía General de la Nación – Defensoría de Pueblo – Organización Internacional del Trabajo (OIT) – ANDI – Fenalco – Asopartes. Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales y Opinión Publica Nacional.

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